Opinión
Derrotero
Fernándo Amaya Guerrero
Disolución social
El Sudcaliforniano
3 de julio de 2008
El primer párrafo de una nota que se publicó ayer en la sección
Nacional, nos hace saber:
"El ministro jubilado Juventino Castro y Castro advirtió que por presiones políticas, el gobierno del presidente Felipe Calderón podría "renacer" el delito de disolución social, en el capítulo que tipifica el delito de terrorismo".
Para Castro y Castro -dice otro párrafo-, si la forma en que se quiere combatir el terrorismo es la que el presidente de Estados Unidos George Bush ha hecho, pues es precisamente fuente de no respeto a las garantías constitucionales".
Esta información es tan ominosa como preocupante. Cuando el antiguo ministro de la Suprema Corte de Justicia habla de presiones políticas, y luego menciona los métodos del genocida gobernador del imperio del norte, nos invita a leer una carta muy clara: Las presiones son de Washington.
Como bien dice la información, el movimiento de 1968 en México, arrojó como resultado cumbre y favorable a la lucha estudiantil, la derogación del delito de disolución social. Aun con la fuerza y ferocidad de Gustavo Díaz Ordaz, el movimiento estudiantil arrojó ese saldo favorable, a cambio de cientos, o quizá miles de vidas. Nunca se supo cuántas víctimas produjo Díaz Ordaz. Como tampoco se sabe si ya se hizo un cálculo de las víctimas que puede producir en el país, revivir ese delito, aunque sólo se trata de aplicarlo, dice la información, en casos de terrorismo.
Los legisladores, que en última instancia serían los responsables de que ese delito se reviviera, atendiendo una iniciativa seguramente del ejecutivo, deberán hacer cuentas muy claras. Creo que la inmensa mayoría de legisladores de ambas Cámaras, están en edad de haber conocido los sucesos del 68, y sabrán que los estudiantes tenían razón en su lucha, pero si eso no fuera suficiente y alegara lo contrario, entonces sabrán que la factura fue cobrada excesivamente. ¿Querrá Calderón revivir aquello? ¿Se doblegará a las exigencias de la Casa Blanca?. El ex ministro de la Suprema Corte no habla como cotorra precisamente. Algo debe saber.
Lector (a): Solamente los gobiernos totalitarios, imponen a sus pueblos leyes punibles de tal magnitud y con características bien definidas, cuando quieren cerrarle la boca al pueblo.
El delito de disolución social en la modalidad de terrorismo finalmente, sería herramienta en manos de jueces y ministerios públicos, que tipificarían la acción a castigar.
Se da el caso, se dio el 68, que los gobiernos caracterizados por la soberbia y la brutalidad, califican como delito la expresión del pueblo. Cuando ésta es cruda, enérgica hasta el incendio, el reo queda listo para el cadalso, sin defensa posible. Ha sido condenado, porque así lo encontró el juez, a una condena determinada bajo el cargo de disolución social.
Pero nunca jamás, y usted lector (a) revise la historia, nunca jamás, insisto, los jueces calificaron las acciones oficiales que a su vez, produjeron la arenga aquella que fue considerada como incendiaria y por consecuencia, merecedora del calificativo de disolvente.
Cuando un ciudadano, líder obrero, campesino, estudiantil, o de la rama profesional que sea, al hablar con los suyos en mitin callejero, denuncia las tropelías oficiales, y éstas son ciertas, en justicia no se le puede acusar de disolvente, porque las tropelías que ha denunciado, son en verdad las disolventes.
Quizá un abogado me corrija, yo no lo soy, aunque lo dicho, es proyecto de la lógica y alguna experiencia profesional dentro del periodismo.
Un gobierno humano, consciente, patriota y visionario, nunca realiza, ni ordena, ni tolera, acciones en contra del pueblo. Solamente los déspotas totalitarios lo hacen y entonces, para justificar el uso de la bayoneta y la metralla, aplican códigos por ellos inventados. El delito de disolución social fue cancelado gracias a la lucha estudiantil, y ningún gobierno humano, estaría dispuesto revivirlo.
El presidente Calderón ha dicho en varias oportunidades, que su lucha es por México, y estas palabras deben ser trasladadas a muchos ámbitos, a muchas acciones, a muchas iniciativas.
Hacemos votos porque el presidente Felipe Calderón, no le gane el rencor de George Bush en contra de la humanidad, tan feroz y sanguinario, que no sería nada extraño, pretendiera imponer a nuestro país, y otros del continente, sus iniciativas criminales.
La advertencia del ex ministro Castro y Castro nos debe abrir los ojos y obligarnos a estar en alerta, para que no le vaya a suceder a nuestro país una desgracia tan terrible como aquella de 1968. La conocí, la viví, y en alguna forma fui actor.
La masacre de 68 fue un drama doloroso para nuestro país: drama que el tiempo ha contribuido a soportar, de ninguna manera a olvidar.
El presidente Calderón debe saber que si en nuestro país hay delitos que puedan calificarse de terrorismo, éstos tienen una raíz. La inteligencia, las buenas costumbres y el mejor gobierno, aconsejan que oficialmente nunca se realicen acciones en contra del pueblo, que obliguen a éste a defenderse con las armas a su alcance. El arma más temible por los déspotas, es la palabra, y fue la palabra la que quiso ser acallada con el incendio de 1968.
¿Tendremos capacidad para impedir que aquello se repita? Digamos que sí.
"El ministro jubilado Juventino Castro y Castro advirtió que por presiones políticas, el gobierno del presidente Felipe Calderón podría "renacer" el delito de disolución social, en el capítulo que tipifica el delito de terrorismo".
Para Castro y Castro -dice otro párrafo-, si la forma en que se quiere combatir el terrorismo es la que el presidente de Estados Unidos George Bush ha hecho, pues es precisamente fuente de no respeto a las garantías constitucionales".
Esta información es tan ominosa como preocupante. Cuando el antiguo ministro de la Suprema Corte de Justicia habla de presiones políticas, y luego menciona los métodos del genocida gobernador del imperio del norte, nos invita a leer una carta muy clara: Las presiones son de Washington.
Como bien dice la información, el movimiento de 1968 en México, arrojó como resultado cumbre y favorable a la lucha estudiantil, la derogación del delito de disolución social. Aun con la fuerza y ferocidad de Gustavo Díaz Ordaz, el movimiento estudiantil arrojó ese saldo favorable, a cambio de cientos, o quizá miles de vidas. Nunca se supo cuántas víctimas produjo Díaz Ordaz. Como tampoco se sabe si ya se hizo un cálculo de las víctimas que puede producir en el país, revivir ese delito, aunque sólo se trata de aplicarlo, dice la información, en casos de terrorismo.
Los legisladores, que en última instancia serían los responsables de que ese delito se reviviera, atendiendo una iniciativa seguramente del ejecutivo, deberán hacer cuentas muy claras. Creo que la inmensa mayoría de legisladores de ambas Cámaras, están en edad de haber conocido los sucesos del 68, y sabrán que los estudiantes tenían razón en su lucha, pero si eso no fuera suficiente y alegara lo contrario, entonces sabrán que la factura fue cobrada excesivamente. ¿Querrá Calderón revivir aquello? ¿Se doblegará a las exigencias de la Casa Blanca?. El ex ministro de la Suprema Corte no habla como cotorra precisamente. Algo debe saber.
Lector (a): Solamente los gobiernos totalitarios, imponen a sus pueblos leyes punibles de tal magnitud y con características bien definidas, cuando quieren cerrarle la boca al pueblo.
El delito de disolución social en la modalidad de terrorismo finalmente, sería herramienta en manos de jueces y ministerios públicos, que tipificarían la acción a castigar.
Se da el caso, se dio el 68, que los gobiernos caracterizados por la soberbia y la brutalidad, califican como delito la expresión del pueblo. Cuando ésta es cruda, enérgica hasta el incendio, el reo queda listo para el cadalso, sin defensa posible. Ha sido condenado, porque así lo encontró el juez, a una condena determinada bajo el cargo de disolución social.
Pero nunca jamás, y usted lector (a) revise la historia, nunca jamás, insisto, los jueces calificaron las acciones oficiales que a su vez, produjeron la arenga aquella que fue considerada como incendiaria y por consecuencia, merecedora del calificativo de disolvente.
Cuando un ciudadano, líder obrero, campesino, estudiantil, o de la rama profesional que sea, al hablar con los suyos en mitin callejero, denuncia las tropelías oficiales, y éstas son ciertas, en justicia no se le puede acusar de disolvente, porque las tropelías que ha denunciado, son en verdad las disolventes.
Quizá un abogado me corrija, yo no lo soy, aunque lo dicho, es proyecto de la lógica y alguna experiencia profesional dentro del periodismo.
Un gobierno humano, consciente, patriota y visionario, nunca realiza, ni ordena, ni tolera, acciones en contra del pueblo. Solamente los déspotas totalitarios lo hacen y entonces, para justificar el uso de la bayoneta y la metralla, aplican códigos por ellos inventados. El delito de disolución social fue cancelado gracias a la lucha estudiantil, y ningún gobierno humano, estaría dispuesto revivirlo.
El presidente Calderón ha dicho en varias oportunidades, que su lucha es por México, y estas palabras deben ser trasladadas a muchos ámbitos, a muchas acciones, a muchas iniciativas.
Hacemos votos porque el presidente Felipe Calderón, no le gane el rencor de George Bush en contra de la humanidad, tan feroz y sanguinario, que no sería nada extraño, pretendiera imponer a nuestro país, y otros del continente, sus iniciativas criminales.
La advertencia del ex ministro Castro y Castro nos debe abrir los ojos y obligarnos a estar en alerta, para que no le vaya a suceder a nuestro país una desgracia tan terrible como aquella de 1968. La conocí, la viví, y en alguna forma fui actor.
La masacre de 68 fue un drama doloroso para nuestro país: drama que el tiempo ha contribuido a soportar, de ninguna manera a olvidar.
El presidente Calderón debe saber que si en nuestro país hay delitos que puedan calificarse de terrorismo, éstos tienen una raíz. La inteligencia, las buenas costumbres y el mejor gobierno, aconsejan que oficialmente nunca se realicen acciones en contra del pueblo, que obliguen a éste a defenderse con las armas a su alcance. El arma más temible por los déspotas, es la palabra, y fue la palabra la que quiso ser acallada con el incendio de 1968.
¿Tendremos capacidad para impedir que aquello se repita? Digamos que sí.
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